{"id":2345,"date":"2024-03-01T09:05:15","date_gmt":"2024-03-01T15:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/?p=2345"},"modified":"2024-03-05T09:07:05","modified_gmt":"2024-03-05T15:07:05","slug":"apreciaciones-generales-de-la-agenda-legislativa-2024-lizandro-acuna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/en\/2024\/03\/01\/apreciaciones-generales-de-la-agenda-legislativa-2024-lizandro-acuna\/","title":{"rendered":"Apreciaciones Generales de la Agenda Legislativa 2024 &#8211; Lizandro Acu\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-large-font-size\"><strong>Apreciaciones Generales de la Agenda Legislativa 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><br>Lizandro Alberto Acu\u00f1a Jer\u00f3nimo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El presente art\u00edculo propone el an\u00e1lisis general de cuatro iniciativas de ley que son parte de la agenda de la d\u00e9cima legislatura; esboza una s\u00edntesis de los principales temas que deben incorporarse al debate social mediante la participaci\u00f3n abierta, en busca de que el resultado sea viabilizar las reformas desde la perspectiva social, pol\u00edtico, econ\u00f3mico y jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Palabras clave<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Iniciativas de ley, reformas, debate, consenso, agenda legislativa<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p><strong>Summary<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>This article proposes a general analysis of four legislative initiatives that are part of the agenda of the tenth legislature, outlining a synthesis of the main issues that must be incorporated into the social debate through open participation, the result of which is to make the reforms viable from the social, political, economic and legal perspective<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Key words<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Law initiatives, reforms, debate, consensus, legislative agenda<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p>La elecci\u00f3n de la Junta Directiva de la d\u00e9cima legislatura se desarroll\u00f3 en medio de varios incidentes entre la bancada VAMOS y la coalici\u00f3n af\u00edn al partido pol\u00edtico Semilla. Los acontecimientos pusieron en entredicho la juramentaci\u00f3n del binomio presidencial integrado por el doctor C\u00e9sar Bernardo Ar\u00e9valo de Le\u00f3n, presidente constitucional, y la vicepresidenta Karin Larissa Herrera Aguilar, electos democr\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esa correlaci\u00f3n de fuerzas entre ambos partidos pol\u00edticos por integrar la Junta Directiva era crucial para definir la agenda legislativa y poner sobre la mesa la discusi\u00f3n del paquete de iniciativas de ley.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2250\" style=\"width:469px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20-300x200.jpg 300w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20-768x512.jpg 768w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20-18x12.jpg 18w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/20.jpg 1350w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Hemiciclo del Congreso de la Rep\u00fablica de Guatemala.&nbsp; (Foto Prensa Libre: Erick \u00c1vila. Prensa Libre).<\/p>\n\n\n\n<p>La coalici\u00f3n af\u00edn al partido pol\u00edtico semilla fue la que prevaleci\u00f3 y logr\u00f3 el respaldo de los diputados para elegir la d\u00e9cima legislatura de la Junta Directiva del Congreso. En la tabla n\u00famero 1 se presentan las iniciativas a considerar en<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;el an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tabla 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Aspectos a considerar en las reformas<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>No.<\/strong><\/td><td><strong>Materia<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>1.<\/strong><\/td><td>Reformas a la Ley de contrataciones del Estado<\/td><\/tr><tr><td><strong>2.<\/strong><\/td><td>Reformas o nueva Ley Electoral y de Partidos Pol\u00edticos<\/td><\/tr><tr><td><strong>3.<\/strong><\/td><td>Iniciativa dispone aprobar reformas al Decreto 32-2006 del Congreso de la Rep\u00fablica de Guatemala, Ley Org\u00e1nica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala<\/td><\/tr><tr><td><strong>4.<\/strong><\/td><td>Reformas a la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Nota:<\/em> el cuadro enlista las iniciativas de ley que forman parte de la agenda legislativa consensuada por el partido semilla en su momento por la coalici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Es imperativo conocer el fondo de las iniciativas de ley para determinar su objeto, regulaci\u00f3n y viabilidad en el \u00e1mbito social, pol\u00edtico, econ\u00f3mico y jur\u00eddico. En un primer aporte, resulta necesario analizar los temas prioritarios que deben incluirse en las reformas, sin obviar otras propuestas surgidas de la discusi\u00f3n social; esto es determinante en la toma de decisiones, esencialmente, cuando se trata de temas de inter\u00e9s nacional.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consideraciones en la reforma a la<\/strong><strong> Ley de Contrataciones del Estado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En la edici\u00f3n 123, versi\u00f3n digital de la Revista An\u00e1lisis de la Realidad Nacional, en coautor\u00eda con este escribiente y el doctor Edgar Alfredo Balsells Conde, fue publicado el art\u00edculo titulado \u00abDe la calamidad a la inacci\u00f3n: la inversi\u00f3n p\u00fablica en tiempos de embate anticorrupci\u00f3n\u00bb; en el cual se desarrolla la tem\u00e1tica relacionada a las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Por la vigencia y la profundidad del an\u00e1lisis, se considera esencial transcribir los temas desarrollos.<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Es preciso resaltar que de 1986 a 2022 se han presentado en Congreso de la Rep\u00fablica 54 iniciativas que pretenden reformar la Ley de Contrataciones del Estado, de las cuales, 20 cuentan con dictamen favorable. La \u00faltima reforma realizada a la Ley fue mediante el decreto legislativo 46-2016, que introdujo regulaciones punitivas anticorrupci\u00f3n al sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, con efecto contraproducente, derivado del retardo en los procesos que regula. Las reformas a la ley est\u00e1n incluidas en la agenda consensuada por la d\u00e9cima legislatura, raz\u00f3n que amerita el an\u00e1lisis desde la perspectiva general. (Legislativo, 1992)<\/p>\n\n\n\n<p>Los cambios contenidos en la nueva ley provocaron innumerables problemas en las unidades ejecutoras del Estado.&nbsp; Incluso, llevaron a la imposici\u00f3n de hallazgos y denuncias penales por parte de los auditores de la Contralor\u00eda General de Cuentas, en su reporte de auditor\u00eda presupuestaria 2016 al Congreso de la Rep\u00fablica. <a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La ley gener\u00f3 incertidumbre en virtud que su reglamento fue elaborado hasta el segundo semestre del a\u00f1o, ya que conten\u00eda diversas normativas que obligaron a reiniciar procesos que arrancaron con el inicio del ejercicio fiscal. En lo que compete a las juntas de licitaci\u00f3n, diversos trabajadores renunciaron a integrarlas. Esto se evidenci\u00f3 m\u00e1s en los eventos de salud p\u00fablica, derivado de la persecuci\u00f3n penal hacia algunos participantes de diversos procesos de licitaci\u00f3n, como ocurri\u00f3 en el denominado caso IGSS-PISA.<\/p>\n\n\n\n<p>La ley actual est\u00e1 orientada a inversi\u00f3n p\u00fablica, no as\u00ed a compras diversas en instituciones que manejan inventarios recurrentes. Ello ha minimizado las adquisiciones y ha generado problemas como el abastecimiento de medicamentos que tiene alta demanda.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La referida legislaci\u00f3n ha querido modificar el r\u00e9gimen de adquisiciones, sin reformar otros procesos de la administraci\u00f3n financiera, o de los organismos de apoyo de la administraci\u00f3n p\u00fablica como la planificaci\u00f3n, gerencia por resultados y el servicio civil; \u00e9stos contin\u00faan con la visi\u00f3n del Estado fragmentado de los a\u00f1os noventa, cuando las unidades de apoyo de la administraci\u00f3n p\u00fablica fueron la planificaci\u00f3n, el presupuesto de largo plazo, servicio civil, control y monitoreo. Adem\u00e1s, proliferaron los fondos sociales, los fideicomisos y los entes alternos del Estado paralelo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien se requiere de organismos rectores, y de una autonom\u00eda operativa en las instituciones, un an\u00e1lisis pormenorizado de la Direcci\u00f3n de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas P\u00fablicas obliga a afirmar que la misma no est\u00e1 a tono con las nuevas ideas de planificaci\u00f3n y control especializado. Se requiere de un ente rector distinto, que se especialice en las adquisiciones del Estado y, que b\u00e1sicamente, apoye en normativa y seguimiento, pero no entre en la operaci\u00f3n, tal y como ha sucedido con la subasta inversa que plantea retrasos e improvisaci\u00f3n desde la vigencia de las reformas.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La labor registral de la ley debe ser revisada, pues el auge del libertinaje del mercado ha impuesto \u00f3rganos de control puramente documentales, sin fuerza ni coerci\u00f3n. En todo caso, el registro de contratistas precalificados que la ley contempla solo hace referencia a la habilitaci\u00f3n para participar en eventos de cotizaci\u00f3n o licitaci\u00f3n. Aunado a ello, es importante un proceso de precalificaci\u00f3n en cuanto a regulaciones legales-administrativas de los contratistas, o que se les inhabilite cuando hayan participado en pr\u00e1cticas fraudulentas o de colusi\u00f3n, al menos, mientras concluye su proceso. Adicionalmente, es urgente contar con una Ley de Competencia de Mercados acorde a pr\u00e1cticas internacionales de competencia, ello para transparentar procesos y evitar pr\u00e1cticas corruptivas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La ley pretendi\u00f3 colocarse en el siglo XXI, con temas como la subasta inversa (que sigue durmiendo el sue\u00f1o de los justos en el Ministerio de Finanzas P\u00fablicas (MINFIN) y los precios de referencia, que tambi\u00e9n siguen sin mayor aporte en el Instituto Nacional de Estad\u00edstica (INE), pese a que la mayor parte de su presupuesto est\u00e1 destinado a este resultado.&nbsp; Adem\u00e1s, el sistema de Guatecompras no contempla los m\u00f3dulos virtuales para dar fiel cumplimiento a lo que la ley regula. &nbsp;En relaci\u00f3n al tema, el exministro de econom\u00eda Luis Vel\u00e1squez ratifica lo expuesto:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abLo que sucedi\u00f3 ahora es un parche y no es la soluci\u00f3n. Se debe pensar en un sistema integral de contrataciones que garantice la transparencia, la calidad de lo que se compra, las especificaciones de lo que realmente se necesita y que todo sea cien por ciento digital\u00bb&nbsp;(Espa\u00f1a, 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>El articulado en materia de pr\u00f3rroga de contratos es una muestra clara de que la ley, en su esp\u00edritu original fue dedicada a la ejecuci\u00f3n de grandes proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica en infraestructura. &nbsp;Se concluye que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado deben ser integrales y no acotada a favorecer a un sector determinado. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Elecciones 2023 y las Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Pol\u00edticos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Antecedentes<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el a\u00f1o 2016, el Congreso de la Rep\u00fablica de Guatemala aprob\u00f3 reformas a la Ley Electoral y de Partidos Pol\u00edticos (LEPP) con el Decreto 26-2016. Las reformas fueron parcializadas y aspectos de fondo no se consideraron. &nbsp;Militantes de la pol\u00edtica tradicional en el pa\u00eds vieron sus intereses vulnerados y, por medio de alianzas, unificaron esfuerzos para aprobar las reformas que convienen a sus intereses y les permite el control del sistema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su calidad de m\u00e1ximo \u00f3rgano en materia electoral, retoma y recopila algunas propuestas excluidas por el Pleno de diputados del Congreso de la Rep\u00fablica al aprobar las reformas mencionadas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Temas a Considerar en la Reforma Electoral<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En atenci\u00f3n a lo anterior, la Ley Electoral y de Partidos Pol\u00edticos regula en el art\u00edculo 256 Bis, la \u201cComisi\u00f3n de Actualizaci\u00f3n y Modernizaci\u00f3n Electoral\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Art\u00edculo 256 Bis. Comisi\u00f3n de Actualizaci\u00f3n y Modernizaci\u00f3n Electoral. Al concluir el proceso electoral se establecer\u00e1 la Comisi\u00f3n de Actualizaci\u00f3n y Modernizaci\u00f3n Electoral, cuyo objetivo es evaluar el proceso electoral finalizado y de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueren procedentes a la presente Ley. Las organizaciones sociales, acad\u00e9micas y pol\u00edticas, podr\u00e1n presentar sus propuestas a la Comisi\u00f3n. El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente presentar\u00e1 la correspondiente iniciativa de ley, ante el Congreso de la Rep\u00fablica, quien tendr\u00e1 que conocer de las mismas previo a finalizar el primer per\u00edodo ordinario de la nueva legislatura. Adicionado por el art\u00edculo 64 del Decreto N\u00famero 26-2016 del Congreso de la Rep\u00fablica el 25-05-2016. &nbsp;(Organismo Legislativo, 1985)<\/p>\n\n\n\n<p>Atendiendo lo regulado en el art\u00edculo citado, se proponen los siguientes temas que deber\u00edan considerarse en las reformas a la LEPP, derivado de los incidentes que marcaron las elecciones generales 2023.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Regulaci\u00f3n del Sistema de Campa\u00f1a y propaganda electoral en redes sociales<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"760\" height=\"430\" src=\"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/21.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2251\" style=\"width:652px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/21.jpg 760w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/21-300x170.jpg 300w, https:\/\/rarn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/21-18x10.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializa el 20 de enero la convocatoria a elecciones 2023 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin Garc\u00eda).<\/p>\n\n\n\n<p>El actual proceso electoral evidenci\u00f3 debilidad por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicaci\u00f3n y Estudios de Opini\u00f3n del TSE, espec\u00edficamente en el control de la propaganda electoral realizada en redes sociales y la distribuci\u00f3n de espacios en dichas plataformas que alcanzaron niveles de masificaci\u00f3n transformando la sociedad y las culturas.&nbsp; El desarrollo del proceso electoral 2023 en Guatemala ha experimentado esa transformaci\u00f3n, redise\u00f1ando el modelo de las campa\u00f1as electorales, en el cual las reglas del juego no siempre son claras.<\/p>\n\n\n\n<p>En tal sentido, los incidentes ocurridos en el actual proceso electoral exigen priorizar las debilidades identificadas. La regulaci\u00f3n de la propaganda en redes sociales debe desarrollarse al giro de las propuestas y plan de trabajo de los partidos pol\u00edticos; en igualdad de condiciones con la distribuci\u00f3n de los espacios.<\/p>\n\n\n\n<p>La falta de regulaci\u00f3n de la propaganda electoral en redes sociales genera discrecionalidad en el pago de publicidad en Instagram y Facebook. El \u00fanico l\u00edmite a esta nueva modalidad de campa\u00f1a electoral fue respetar el techo fijado por el TSE mediante el Decreto 1-2023 en Q34,954,222.57 millones de quetzales.&nbsp;(Tribunal Supremo Electoral, 2023, p\u00e1g. 69)<\/p>\n\n\n\n<p>La ausencia de regulaci\u00f3n para pautar en la plataforma TikTok gener\u00f3 que algunos candidatos promovieran sus campa\u00f1as sin controles por ese medio. Al problema se suma el uso de la plataforma de anuncios de Google, con la finalidad de promover la campa\u00f1a electoral en diferentes p\u00e1ginas de internet, previo a oficializarse las elecciones por el TSE, que dio luz verde al desarrollo de la campa\u00f1a electoral. Los casos expuestos estuvieron fuera del control y fiscalizaci\u00f3n por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicaci\u00f3n y Estudios de Opini\u00f3ndel TSE.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Revisi\u00f3n del modelo de financiamiento privado<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A diferencia del financiamiento p\u00fablico que se fiscaliza por medio de la f\u00f3rmula del total de empadronados a nivel nacional, multiplic\u00e1ndolo por US$0.50 para los partidos pol\u00edticos y para los comit\u00e9s c\u00edvicos US$0.10 por el total de empadronados en su municipio<strong>, <\/strong>el financiamiento privado<strong> <\/strong>ha presentado mayor complejidad en la fiscalizaci\u00f3n y control para determinar la procedencia del dinero y el respeto al techo de campa\u00f1a.&nbsp; Las lecciones aprendidas evidenciaron que el TSE en el actual proceso electoral no tuvo la capacidad de fiscalizar el financiamiento privado de los partidos pol\u00edticos nuevos, por ende, el tema debe priorizarse en las propuestas de reformas al sistema electoral.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Fortalecimiento de la Unidad Especializada de Control y Fiscalizaci\u00f3n<\/em><\/strong><a><strong><em> <\/em><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>LaUnidad Especializada de Control y Fiscalizaci\u00f3n de las Finanzas de los Partidos Pol\u00edticos, es la dependencia del TSE responsable del control y fiscalizaci\u00f3n del financiamiento de las Organizaciones Pol\u00edticas y goza de independencia en su funcionalidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Las experiencias durante el proceso electoral de 2023 evidenciaron un retroceso en la capacidad de control y fiscalizaci\u00f3n de dicha Unidad, en comparaci\u00f3n con el proceso electoral desarrollado en 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Las 29 organizaciones pol\u00edticas que compitieron en la primera vuelta de elecciones generales de 2023 demandan el fortalecimiento de la unidad referida.&nbsp; Es necesario canalizar un presupuesto compatible que permita la contrataci\u00f3n de personal calificado, la obtenci\u00f3n de equipo de c\u00f3mputo de punta y actualizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, adicional a las capacitaciones permanentes del recurso humano para garantizar la eficiencia por resultados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Discusi\u00f3n del modelo de escrutinio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El tema es relevante y amerita discutirlo exhaustivamente.&nbsp; Es urgente respaldar jur\u00eddicamente la potestad de las Juntas Receptoras de Votos manifiesta en el conteo de votos y la veracidad de los resultados consignados en las actas correspondientes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esa debilidad jur\u00eddica permiti\u00f3 repetir las audiencias de escrutinio y cotejar los datos consignados en cada mesa de votaci\u00f3n con los valores ingresados en el sistema inform\u00e1tico de transmisi\u00f3n de datos del TSE. Los resultados demostraron que la transmisi\u00f3n de datos por las Juntas Receptoras de Votos no influy\u00f3 ni modific\u00f3 los resultados de la primera vuelta electoral, descartando los rumores de un posible fraude electoral.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Los Partidos Pol\u00edticos deben designar fiscales en las Juntas Receptoras<\/em><\/strong><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El tema tiene secuencia con la discusi\u00f3n del modelo de escrutinio.&nbsp; Aunado a fortalecer jur\u00eddicamente las facultades otorgadas a las Juntas Receptoras de Votos, es imperativa la obligatoriedad de que los partidos pol\u00edticos tengan presencia de fiscales en las Juntas Receptoras de Votos. La disposici\u00f3n permite que las organizaciones pol\u00edticas, mediante sus fiscales, realicen las impugnaciones pertinentes y las resoluciones inmediatas en cuanto a la legalidad o no de los votos; evitando la judicializaci\u00f3n del escrutinio.<\/p>\n\n\n\n<p>La propuesta ha sido ampliamente discutida y consensuada en las reuniones sectoriales para reformar la LEPP dirigida por la Comisi\u00f3n de Actualizaci\u00f3n y Modernizaci\u00f3n Electoral (CAME).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Separaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n penal y la jurisdicci\u00f3n electoral<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El tema es eminentemente sensible y de fondo, pues para entender la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica debe comprenderse que, en materia penal, la responsabilidad es personal\u00edsima y aplicable a la persona que infringe la ley y que, en materia electoral, la competencia constitucional es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no puede emprenderse acciones penales en contra de las organizaciones pol\u00edticas legalmente inscritas durante el desarrollo del proceso electoral.<\/p>\n\n\n\n<p>Las acciones emprendidas por el Ministerio P\u00fablico por medio de la Fiscal\u00eda Especial Contra la impunidad (FECI) y respaldadas por el Juzgado S\u00e9ptimo de Instancia Penal a cargo del juez Fredy Ra\u00fal Orellana Letona, habr\u00edan vulnerado la autonom\u00eda y competencia constitucional del TSE. Con ello, vulneraron tambi\u00e9n la democracia y el orden constitucional en Guatemala.<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos llamados a analizar la jurisdicci\u00f3n que asegure la objetividad y autonom\u00eda del TSE como m\u00e1ximo \u00f3rgano competente en materia electoral y separe lo penal de lo electoral. Esto requiere analizar la creaci\u00f3n de una c\u00e1mara electoral competente para conocer y resolver lo resuelto por los magistrados del alto organismo en materia electoral; el an\u00e1lisis exhaustivo de otros cuerpos legales que se vinculen en la materia y competencia con el fin de identificar la viabilidad de la propuesta.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos pa\u00edses como Argentina tienen definida la jurisdicci\u00f3n procesal electoral y ser\u00eda un modelo para estudiar, entre otros. Se concluye en la urgencia de actualizar el sistema pol\u00edtico a trav\u00e9s de una nueva ley que garantice seguridad y de certeza al proceso electoral.&nbsp; Las lecciones aprendidas y los temas de controversia, como los expuestos y otros que surjan, deben analizarse y socializarse por medio de un proceso abierto de participaci\u00f3n social coordinado por la CAME.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A prop\u00f3sito de Reformas, la Ley Org\u00e1nica del INACIF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La elecci\u00f3n del director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) no est\u00e1 excluida a intereses determinados.&nbsp; Esto tiene l\u00f3gica por la funci\u00f3n cient\u00edfica de la instituci\u00f3n en sustentar las pruebas fehacientes para la investigaci\u00f3n penal; precepto que ha despertado la injerencia de algunos actores. En ese sentido, es fundamental que la reforma de la Ley propuesta en la iniciativa 6169, no se limite \u00fanicamente a subsanar formalidades (requisitos) sino que responda a corregir criterios de fondo y garantice la transparencia en dicho proceso. (Legislativo, Congreso de la Rep\u00fablica, 2023)<\/p>\n\n\n\n<p>La independencia y objetividad de la instituci\u00f3n juegan un rol preponderante en la certeza jur\u00eddica del proceso penal.&nbsp; La investigaci\u00f3n forense es la m\u00e9dula en la investigaci\u00f3n porque contribuye a la imparcialidad en las decisiones judiciales. Por ello, el director del INACIF no puede estar condicionado ni supeditado a influencias o injerencias internas o externas.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con el tema, el Movimiento Pro-Justicia en el estudio \u00abRuta procedimental para el nombramiento del director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses \u2013INACIF- Per\u00edodo 2022-2027\u00bb define criterios a considerar para mejorar el proceso:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAplicaci\u00f3n de principios de objetividad, publicidad y transparencia en el proceso; Establecimiento de fechas clave para el proceso; Discusi\u00f3n profunda de un perfil id\u00f3neo acorde a la situaci\u00f3n que vive la sociedad guatemalteca; Convocatoria p\u00fablica ampliamente difundida en toda la Rep\u00fablica, para que todo aquel interesado en el cargo pueda postularse; Claridad y amplitud en el establecimiento de requisitos, documentos requeridos y amplia vigencia de las constancias y certificaciones solicitadas; Definir un plazo amplio para la recepci\u00f3n de objeciones o denuncias de impedimento; Analizar la experiencia, capacidades y plan trabajo de los aspirantes; Ponderar la \u00e9tica, honradez y honorabilidad y, Votaci\u00f3n p\u00fablica y voto fundamentado\u201d&nbsp;(Movimiento Projusticia, 2022, p\u00e1gs. 3, 4).<\/p>\n\n\n\n<p>Se recomienda que la reforma a la Ley se desarrolle mediante una convocatoria abierta que garantice el an\u00e1lisis, debate y consenso de las propuestas, con la finalidad de fortalecer la v\u00eda procedimental en la elecci\u00f3n del director del INACIF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sobre las reformas a la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por medio del decreto 14-2016 del congreso de la rep\u00fablica, se reform\u00f3 la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo.&nbsp; En la actualidad, las reformas a dicha Ley toman fuerza y figura en la agenda legislativa. (Organismo Legislativo L. O., 1994)<\/p>\n\n\n\n<p>Es oportuno indicar que la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo, acotado al art\u00edculo primero, norma las funciones, atribuciones y procedimiento parlamentario del Organismo Legislativo, al mismo tiempo que detalla la potestad legislativa ejercida por los diputados que integran el pleno. La Ley desarrolla el mandato constitucional relativo a la interpelaci\u00f3n de los ministros de estado establecido en Art\u00edculo166 j, proceso que corresponde ejercer a los diputados con la intenci\u00f3n de establecer el equilibrio en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, aplicando el sistema de control de pesos y contrapesos. (Constituyente, 1985 (Reformada el 17 de noviembre de 1993))<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la interpelaci\u00f3n se ha convertido en un medio de represi\u00f3n pol\u00edtica con el prop\u00f3sito de interrumpir la gesti\u00f3n p\u00fablica y\/o condicionarla a intereses individuales y sectoriales; desvirtuando su verdadera naturaleza. La discrecionalidad que permite le Ley en las interpelaciones ha dejado en evidencia el abuso de autoridad, citaciones sin fundamentos, faltas de respeto y la interrupci\u00f3n de la gesti\u00f3n p\u00fablica premeditada; con el fin de solicitar el voto de falta de confianza obligando a los ministros de estado a dimitir del cargo o a su destituci\u00f3n sin oportunidad de una evaluaci\u00f3n objetiva del desempe\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>El voto de falta de confianza deber\u00eda emitirse sobre la base de pruebas fehacientes y criterios objetivos que demuestren la ineficiencia en el ejercicio del cargo y no como estrategia mal intencionada que sujeta a los ministros a intereses de determinada bancada.<\/p>\n\n\n\n<p>En atenci\u00f3n a lo expuesto, la reforma a la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo debe orientarse a establecer l\u00edmites y tipificar sanciones o delitos por el uso indebido que se haga de dicha figura. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Otro tema que caus\u00f3 incertidumbre tras las elecciones generales 2023 fue la juramentaci\u00f3n del presidente constitucional de la Rep\u00fablica y su vicepresidente, electos democr\u00e1ticamente por medio del sufragio universal emitido en las urnas. El art\u00edculo 165 b constitucional , &nbsp;delega la facultad al Congreso de la Rep\u00fablica: \u00abb. Recibir el juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la Rep\u00fablica, al Presidente del Organismo Judicial y darles posesi\u00f3n de sus cargos;\u00bb el mandato constitucional no establece otro requisito para juramentar y dar posesi\u00f3n al binomio presidencial electo en la urnas, enti\u00e9ndase contradictoria cualquier disposici\u00f3n en la ley especial que tipifique requisitos para juramentar al binomio presidencial, raz\u00f3n por la cual, la elecci\u00f3n de la nueva junta directiva no debe interferir en la toma de posesi\u00f3n del presidente y vicepresidente del Organismo Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>La reforma del Art\u00edculo 28, relacionada con la participaci\u00f3n en comisiones, establece la obligatoriedad de los diputados de formar parte de dos comisiones hasta el m\u00e1ximo de cuatro, facultando a quienes no integren la comisi\u00f3n a asistir a otras comisiones con voz, pero sin voto; la reforma est\u00e1 vinculada con lo preceptuado en el art\u00edculo 30 de dicho cuerpo legal, no reformado, generando un vac\u00edo en la compatibilidad y armonizaci\u00f3n jur\u00eddica de la norma. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Generalizando, las reformas a la Ley Org\u00e1nica del Organismo Legislativo deben considerar aspectos importantes como: el estudio comparativo para evitar vac\u00edos legales y sobre legislar, compatibilidad y viabilidad jur\u00eddica, armonizaci\u00f3n con otros cuerpos legales y una amplia discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>F\u00f3rmula para una buena Ley<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La elaboraci\u00f3n de toda iniciativa de ley, independientemente de la materia, deber\u00eda ser el resultado del trabajo multidisciplinario que garantice la viabilidad de la nueva normativa, sobre la base m\u00ednima de los siguientes estudios:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Estudio de Impacto Regulatorio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una consideraci\u00f3n fundamental para el desarrollo de las actividades normativas (reglamentarias, legales o constitucionales) tiene que ver con estudiar previamente los impactos de las normas que se proponen. Por ejemplo, pueden utilizarse grupos focales para examinar la validez de la redacci\u00f3n de la norma.&nbsp; En este caso, ser\u00eda convocanda una muestra estad\u00edsticamente v\u00e1lida de las Unidades que desarrollan los procedimientos de compras que se pretenden reformar;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Estudio Interdisciplinario de la Norma<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una cuesti\u00f3n esencial que los abogados olvidamos es que existen otras ciencias que contribuyen con el mejor planteamiento de la normatividad, en particular aquella que regula procesos. Para ello se sugiere que, mediante un estudio de ingenier\u00eda industrial, se haga un diagrama de flujo del proceso sugerido y se estudien los tiempos, n\u00famero de pasos, evitando duplicidad, complejidad del procedimiento, teor\u00eda de colas, etc\u00e9tera. En particular, la aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda de colas al caso concreto es relevante, pues la norma propuesta entrar\u00e1 a funcionar cuando ya existe un acumulado de compras que no se han realizado y que es indispensable priorizar, creando una cola del total de compras pendientes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Estudio de Factibilidad y Costo<\/em><\/strong><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La factibilidad debe ser multidisciplinaria y desarrollarse cuando ya se ha delimitado el problema.&nbsp; Garantizar la viabilidad de un proyecto a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de diferentes estudios, permite mejorar la toma de decisiones y determinar si el proyecto es factible o no. El costo va relacionado con la factibilidad, todo proyecto debe establecer la fuente de los recursos que lo haga sostenible en su vigencia, sin afectar otros rubros presupuestarios.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Estudio Sociol\u00f3gico Jur\u00eddico Entre los Actores Afectados<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Desde el \u00e1mbito de la sociolog\u00eda de las instituciones es fundamental entender c\u00f3mo afecta la norma a sus aplicadores o usuarios. Esto porque la usabilidad de la norma es fundamental para asegurar que sea acogida y aplicada por los actores sociales encargados de su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Examen ex-post<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se sugiere que para lecciones aprendidas se realice una encuesta cerrada, lo cual permite examinar la norma que se pretende sustituir para aprender cuales son las dificultades que impiden su aplicaci\u00f3n, y as\u00ed, evitarlos en la redacci\u00f3n de la nueva norma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Redacci\u00f3n de la norma<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se debe realizar el diagrama de flujo para estudiar su mejor elaboraci\u00f3n en cuanto a tiempo, n\u00famero de pasos y garant\u00edas de transparencia antes de redactar la norma. Es infortunado que los abogados empiecen a redactar la norma cuando no est\u00e1 claro cu\u00e1l ser\u00e1 el procedimiento y c\u00f3mo puede suceder en la pr\u00e1ctica, para lo cual se sugiere la utilizaci\u00f3n de laboratorio o pruebas piloto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Constituyente, A. N. (1985 (Reformada el 17 de noviembre de 1993)). <em>INE<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.ine.gob.gt\/archivos\/informacionpublica\/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Espa\u00f1a, M. (2021). <em>Prensa Libre<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.prensalibre.com\/guatemala\/politica\/mas-reformas-y-los-mismos-problemas-de-la-ley-de-contrataciones-del-estado\/<\/p>\n\n\n\n<p>Legislativo, O. (1992). <em>Contralor\u00eda General de Cuentas<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.contraloria.gob.gt\/imagenes\/i_docs\/i_leg_ley\/6%20LEY%20DE%20CONTRATACIONES%20DEL%20ESTADO%20DECRETO%20DEL%20CONGRESO%2057-92.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Legislativo, O. (2023). <em>Congreso de la Rep\u00fablica<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.congreso.gob.gt\/detalle_pdf\/iniciativas\/5977#gsc.tab=0<\/p>\n\n\n\n<p>Movimiento Projusticia, R. p.-2. (2022). <em>Movimientro Projusticia<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.movimientoprojusticia.org.gt\/images\/Archivos%202022\/Ruta%20procedimental%20id%C3%B3nea%20Inacif%202022.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Organismo Legislativo, D. 1.-8. (1985). <em>TSE<\/em>. Obtenido de https:\/\/www.tse.org.gt\/images\/LEPP.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Organismo Legislativo, L. O. (1994). Obtenido de https:\/\/pdba.georgetown.edu\/Legislative\/Guate\/GuateLey_Org.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunal Supremo Electoral, D. d. (2023). <em>TSE<\/em>. Obtenido de https:\/\/tse.org.gt\/images\/Decretos2023\/decreto_01-2023.pdf<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> Revista An\u00e1lisis de la Realidad Nacional <a href=\"https:\/\/ipn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/IPN-RD-123.pdf\">https:\/\/ipn.usac.edu.gt\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/IPN-RD-123.pdf<\/a><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> Informe de Auditor\u00eda Congreso de la Rep\u00fablica del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.congreso.gob.gt\/assets\/uploads\/secciones\/pdf\/5d126-1529440172_auditoria-congreso-2016.pdf\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apreciaciones Generales de la Agenda Legislativa 2024 Lizandro Alberto Acu\u00f1a Jer\u00f3nimo Resumen El presente art\u00edculo propone el an\u00e1lisis general de cuatro iniciativas de ley que son parte de la agenda de la d\u00e9cima legislatura; 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