Modernización del Estado desde la Agenda Legislativa
Edgar Balsells
Abstract
El presente artículo busca darle coherencia al movimiento y efervescencia que se observa en el Congreso de la República a partir del 15 de enero. Los protagonistas anuncian que hay una alianza movida por diversos intereses, entre los cuales, está el impulso a leyes diversas dentro de las que destacan la relativa al servicio civil y las adquisiciones del Estado, como marco para movilizar recursos y resultados. El artículo actualiza así los grandes rasgos de estos nuevos aires modernizadores.
Palabras clave
Modernización del Estado, Servicio Civil, Adquisiciones del Estado.
Abstract
the present article seeks to give coherence to the movement and efervessence that is displayed at the National Congress since January 15th.The leading actors have announced the presence of an alliance moved by vested interests coming from the approval of specific legislation, among other things. In order to give coherence to the public administration for the future, the civil service and the procurement law are key factors to mobilize resources and results. This article puts us in tune with this modernizing airs.
Keywords
Modernization of the State, Civil Service, acquisitions and procurement law.
Una Alianza con base en Leyes Priorizadas
El viernes 19 de enero, los diputados electos por el Movimiento Semilla cedieron la presidencia y primera secretaría del Congreso, luego que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional que anulaba la elección que permitió la juramentación del presidente Bernardo Arévalo.
Entre otras temáticas se menciona la alianza oficialista conformada por los partidos Semilla, UNE (disidentes), VOS, Victoria, Azul, Viva, Bien y Winaq-URNG.
Uno de los temas centrales de la alianza es redirigir y darle lógica a la agenda legislativa, incorporando ciertas leyes prioritarias para el grupo. Prominentes funcionarios, incluyendo el propio presidente Arévalo han mencionado la puesta en discusión de propuestas de ley engavetadas desde hace tiempo.
Por su rango y nivel de generalidad se mencionan los siguientes marcos legales:
• Iniciativa de Ley electoral y de partidos políticos
• Iniciativa de Ley de competencia de mercados, 5074
• Iniciativa de Ley de Servicio Civil
• Iniciativa de Ley de Contrataciones del Estado. 6065 Shirley Rivera (alcaldes y ANAM)
A las mismas se unen otras leyes que, aprovechando la apertura, diputados ponentes y ex diputadas han venido cabildeando desde hace varias legislaturas. Destacan a este respecto:
• Iniciativa de Ley de Clases Pasivas 5563
• Iniciativa de Reforma a la Ley de Inacif 6169
• Iniciativa Ley Marco de la Defensa y Protección del Consumidor 5082
• Iniciativa de Ley Desarrollo Económico de las Mujeres, 5452
• Iniciativa Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, 6086
• Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo
Se trata de un conjunto de iniciativas diversas, partiendo de las reformas surgidas de los movimientos denominados «La Plaza» a partir de 2020, cuando la propia Universidad de San Carlos promovió discusiones en el marco de la reforma del Estado, comenzando por la necesaria reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La puja partidaria por agilizar el trabajo legislativo es tal que, durante la 3era sesión ordinaria del Congreso de la República, el pasado jueves 25 de enero, se incluían los siguientes puntos relacionados con la referida temática:
• Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
o Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al decreto número 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas del Estado.
o Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas decreto número 32-2006 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-.
• Discusión en segundo debate de los proyectos de decreto siguientes:
o Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM)
o Proyecto de Decreto que dispone aprobar Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor.
Sobre los impactos fiscales de las iniciativas de ley
Larga y fundamentada ha sido la posición de este escribiente, con relación a que una buena iniciativa de ley debe tener factibilidad financiera, primero de sus costos y beneficios sociales y los estrictos per se, así como sus fuentes de financiamiento.
Un claro ejemplo de ello se produjo al momento de escribir estas líneas, respecto a la iniciativa de ley de clases pasivas. Basados en un comportamiento político oportunista, las bancadas de oposición han propuesto su aprobación inmediata, prometiendo a los actores interesados (jubilados del Estado) una solución inmediata a la falta de indexación y actualización de las mismas.
El comportamiento de la bancada oficial ha sido cauto en virtud de los costos fiscales de la misma, dado que el fondo de montepío se encuentra altamente desfinanciado. Diputados, expertos en el tema, como es ex ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, han señalado un impacto financiero extraordinario cercano a los Q.10,000 millones.
Mediante una publicación en la red social X, el pasado 29 de enero, el congresista Julio Héctor Estrada[1], se pregunta si es viable aprobar reformas a la ley de clases pasivas. Y comenta la necesidad de contar con datos y no jugar con la situación de los jubilados, sacrificando impuestos destinados a otros rubros.
Los datos aportados por Estrada son interesantes. En primer lugar, afirma que en este momento existen cerca de 100 mil jubilados. Los pagos se realizan descontándole al trabajador público cerca del 12% de sus ingresos, con lo que se recaudan Q.3,500 millones. Pero el total de pagos en jubilaciones es de Q.5,100 millones, lo cual refleja un déficit de Q.1,600 millones.
La reforma a la ley pretende un leve aumento al aporte de los jubilados, pero plantea una duplicar las jubilaciones. Ello implica que el faltante, a ser cubierto con impuestos, suba a cerca de Q.10,000 millones.
Cabe comentar que, siendo Exministro de Finanzas Públicas, el hoy diputado se queda corto en los datos revelados. Analizando el anteproyecto de presupuesto para 2024, y corroborando cifras con expertos del Ministerio de Finanzas Públicas, el rubro de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro reporta una erogación para clases pasivas de aproximadamente Q.6,000 millones. Esto representa cerca del 50% del aporte con fondos provenientes de los impuestos hoy en día. Hablamos entonces de un fondo altamente desfinanciado, a pesar de la pobreza de sus pensiones.
Según Estrada, las cifras ya habían sido comunicadas por el Ministerio de Finanzas Públicas en el año 2022. Resulta que en los círculos de la bancada oficial y en el ambiente actual de las Finanzas Públicas se habla de buscar la <<fuente de financiamiento>>. Se trata de aportes del trabajador mayores y aportes no contributivos por parte del jubilado, como también se debe contemplar en el seguro social que, dicho sea de paso, ha contado con una última indexación de las pensiones en 1993. En la figura 1, Estrada presenta, entre otros datos, el aporte solventado con ingresos tributarios.
Figura 1
Clases Pasivas en presupuesto de la Nación, Presupuestos aprobados 2023 y 2024
Nota: el gráfico fue tomado de una publicación de @JulioHectorE en la red social X el 31 de enero. (Estrada, 2024) Montos en millones de quetzales.
Al Revisar la iniciativa 5563 enviada por el ex diputado Eduardo Zachrisson Castillo, Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, al diputado Álvaro Arzú Escobar el 28 de noviembre de 2019, es notable su improvisación al carecer de un estudio de factibilidad, que necesariamente debiera tener características de ejercicio actuarial incorporado.
La iniciativa únicamente menciona la creación de una cuenta en un banco estatal, y el alimento del fisco por Q.100 millones anuales. Sin embargo, las dimensiones del problema, como aquí se expone son mucho mayores.
Ante ello, la discusión fiscal vinculada a impuestos resulta inevitable. A la vez, el diseño de medidas para potenciar el mercado de capitales y así lograr una capitalización mayor a la ofrecida por los primitivos bancos del sistema. Entidades que se financian con ahorro barato y utilizan una parte en créditos de accionistas privilegiados, en inversiones de operaciones de mercado abierto del Banco de Guatemala e inversiones, incluso en Eurodólares, ofrecidas por el propio Ministerio de Finanzas Públicas. Un negocio redondo a todas luces, que toca un problema estructural de grandes dimensiones económicas.
A este respecto, debe recordarse que los estudios actuariales del IGSS están superando las solicitudes al Ministerio de Finanzas Públicas por un monto encima de los Q.5,000 millones, mientras que el aporte del fisco supera ligeramente los Q.1,000 millones, acumulándose una deuda por pagar al IGSS de gigantescas dimensiones. Esto se traduce en pensiones bajas y una cobertura de salud con innumerables problemas.
Y eso con tan sólo citar una de las iniciativas de ley. Si vemos la Iniciativa de Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, (Número 5452), la misma plantea temas de alto impacto fiscal como los siguientes:
El artículo 11 dispone el financiamiento del Fondo de Desarrollo Económico de las Mujeres (FODEM)[2], que se financiará por medio de las siguientes fuentes:
- Un primer aporte de Q.50 millones provenientes de los ingresos ordinarios del presupuesto de ingresos del Estado
- Q.100 millones anuales provenientes de la emisión, negociación y colocación de bonos del tesoro
- 15% de los ingresos orginarios provenientes de la recaudación anual del impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas
- Los bienes que sean trasladados al FODEM por el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
Todo ello tiende a incrementar la ya derruida rigidez presupuestaria en el país.
Partiendo de las orientaciones de IPNUSAC
En la edición 26 de octubre/diciembre 2018 se plantea un número especial con los desafíos de una agenda nacional. En el mismo, el colega Christians Castillo, plantea que reformar el Estado sigue siendo la tarea pendiente. El autor plantea tácitamente que «el deterioro de la gobernabilidad desde 2015, ha sido acompañado por la gobernanza que, paulatinamente, pasó del encuentro de sectores, actores, personalidades y bases sociales» (Castillo, 2018;53)
Como uno de los primeros temas a reformar se subraya la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Además, Castillo hace eco del planteamiento del IPNUSAC de una Agenda Mínima para un diálogo nacional, la que sirvió de base luego para que el IPNUSAC planteara toda una Agenda Estratégica 2020-2024 con amplia convocatoria de académicos de diferentes especializaciones sectoriales.[3]
Previo al planteamiento de tal agenda, en 2019 el ejercicio estratégico fue ampliamente abordado en diferentes revistas de esta colección. Por ejemplo, en la edición 127 digital, de octubre de 2017, se plantea un marco orientador que podría constituirse en la metodología para discutir los ejes temáticos de una ruta estratégica de país.
Se comienza así a relacionar la indicada agenda estratégica con los acuerdos de paz. Todo ello llama la atención para subrayar que, pese a que se han logrado acuerdos iniciales en el Congreso, y que la maquinaria del Ejecutivo comienza a tener los primeros resultados, el ordenamiento de los temas merece un ejercicio profesional y consciente, para no caer en los inmediatismos de toda la vida.
El planteamiento de la agenda mínima se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 17 prioridades y 169 metas definidas.
En relación con el modelo de gestión pública, y siguiendo a Castillo para ubicarnos en la historia inmediata, se señala la necesidad de promover una cultura burocrática, basada en la transparencia y la eficacia, además de la meritocracia. Ello tiene que ver con reformas urgentes al servicio civil y a la dignificación de los jubilados del Estado, entre otras.
Castillo bien menciona que resulta imperativo revisar el censo de empleados públicos y proceder a una urgente reforma del sistema de servicio civil. Cabe indicar que el tema de la indexación o actualización al costo de vida de los jubilados, que es parte de la iniciativa 5563, mencionada supra, es tan sólo uno de los temas componentes de una reforma de peso.
El mayor temor, de acuerdo con posturas académicas reconocidas, y que han seguido el ritmo de los acontecimientos desde 2015, es el de la presencia de medidas «para mientras» o arreglos parciales, que no transforman de tajo la situación del sector público.
En el artículo de Castillo que se cita, también se subraya el tema de las contrataciones o adquisiciones del Estado. Se pasa luego a la reforma territorial y otras iniciativas más ambiciosas.
Sobre el Marco General del Servicio Civil como punto de entrada de la Modernización
Conviene primero referirse al marco general de la reforma del Estado, planteando la importancia a ser adquirida por un modelo activo de planificación del sector público, incorporando prioridades de corto, mediano y largo alcance.
Para salir de lo que podría llamarse como el «giammatteiato»[4] se busca un modelo regulatorio del servicio civil de carácter meritocrático. Evitando así una conducción violenta, patrimonial o incluso sultanística, abierta a toda clase de prácticas y arbitrariedades; quebrando la eficacia de un orden nacional representado por la ley y la autoridad del Estado.
El problema, acudiendo a Guillermo O´Donnell, un excelente teórico de las democracias grises y de los modelos burocrático-autoritarios, es que «aquí se evapora funcional y territorialmente la dimensión pública del Estado». (O´Donnell; 1993).
Diferentes propuestas de servicio civil se han planteado desde 2015. Las mismas parten del diagnóstico relativo al desorden y anarquía en materia de contrataciones de trabajo público y de política salarial. Ello está pegando además en forma contundente en el fisco.
Por ejemplo, es común en entidades ministeriales y autónomas la contratación por más de 12 meses de personal con cargo a renglones presupuestarios 029, 189 y otros destinados a contratación temporal y por producto. Sin embargo, permanecen por mucho tiempo, mientras que un súbito despido, o cese de la plaza le otorga ventaja al trabajador para el pago por salarios caídos y reinstalación.
Además, es preciso subrayar que el esquema de ahorro y financiación de las clases pasivas se encuentra marcadamente desfondado, con un déficit a ser cubierto por el fisco de más de Q.4 mil millones, de los cuales, el trabajador solo aporta una tercera parte.
El servicio civil adolece de múltiples falencias y obsolescencias. Por ejemplo, la proliferación de contratacones por servicios profesionales o técnicos, que ha sustituído a la contratación por oposición. Esto obliga a un sistema con marcadas brechas de desigualdad, el cual se propulsó desde los tiempos de Álvaro Arzú, cuando quedó rezagado el rubro 011 de servicios personales, en detrimento de contrataciones temporales con altos salarios y no contributivas.
Normalmente las contrataciones temporales o de supernumerarios constitutyen parte de la cultura organizacional en el sector público. Una gran masa de trabajadores en educación y salud entran por acciones de emergencia, como sucedió con el programa presupuestario 94 COVID-19 en salud, que empujó las contrataciones temporales de un considerable número de personal médico, paramédico y de atención psicológica, y que ahora se ha asociado a los sindicatos del ramo, presionando a la contratación permanente 011.
Además, la situación actual muestra sistemas de notable privilegio, a costa del fisco y del contribuyente en el campo previsional, como son los casos del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, así como sistemas que se rigen por su propia ley como el Organismo Judicial, el Organismo Legislativo y una serie de entidades autónomas a las que la Constitución Política les ha dado puerta libre para conformar sus propias regulaciones internas, gracias a sus recursos privativos.
El espíritu básico de una nueva legislación en este campo es ORDENAR, ARMONIZAR e impedir que el desorden y caos se vaya convirtiendo en rutina y cultura organizacional, rayando en corrupción.
La ciudadanía exige la presencia del mérito en la función pública, y además la aplicación de la Ley de Probidad. Esta no se está cumpliendo y es puramente una declaración de propósitos. Se debe reforzar esta ley con tribunales disciplinarios que tengan tipificadas faltas leves, graves y objeto de expulsión del sistema, tal y como en un tiempo actuó la Junta Nacional de Servicio Civil, bajo la égida de la vetusta ley del ramo.
Otro tema central es que la ciudadanía está exigiendo la calidad del gasto, la auditoría de planillas y la austeridad; es decir, la aplicación expresa del PRINCIPIO DE LA REALIDAD. Resulta inconcebible mover un sistema de servicio civil basado en la costumbre del desorden y los privilegios, porque ello afecta al fisco y a su transparencia.
Derivado de lo anterior, resulta vital activar el ejercicio actuarial en el servicio civil guatemalteco. Cabe agregar que la carrera de actuario en Guatemala es como cultivar rosas silvestres. Desde hace décadas, los actuarios conocidos se cuentan con los dedos. Esta es una tarea de las facultades de Ingeniería y de ciencias económicas, que no han promovido tal oferta; quizás, por el hecho de que no existen adecuados planes de carrera, ni en el sector privado ni en el público. Además, en el seguro social no se ha liderado esta actividad.
La evaluación debe priorizar la factibildad de consolidar los renglones por oposición y su mejora salarial continua. Todo sujeto a la evaluación del desempeño, el mérito y las capacidades. Ello, en detrimento de los fondos asignados a contrataciones horarias, principalmente las que vienen del compadrazgo y del botín político.
El tema involucra entonces a los tres poderes del Estado, y por supuesto, a múltiples entidades autónomas. Por ejemplo, la misma casa que debiera ser la de mayor sabiduría al respecto, como lo es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mantiene un sistema de pensiones de sus trabajadores, dependiente de la alimentación de los fondos del Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes, siendo las autoridades y los trabajadores incapaces de desprenderse de tal subsidio, y caminar de una manera independiente, o financieramente más sana.
Se trata así de la armonización de todos los programas, incluyendo aquí a las municipalidades del país, la Universidad de San Carlos y las fuerzas armadas, por supuesto. El tema, al menos en su diagnóstico y propuestas de solución, no compete como en el presente, tan sólo a un ejercicio del Gobierno Central y sus ministerios, tal y como está estipulado en la vetusta ley del servicio civil guatemalteco; ley que, en la década de los 60, dio lugar a la creación de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Es urgente contar con un marco regulador del servicio civil y previsional del Estado guatemalteco. La conclusión fundamental es que, si tan sólo se promulga una nueva ley del servicio civil, que no tenga alcance en todas las entidades descentralizadas del país, en el Sistema de Consejos de Desarrollo –SISCODE- y en el sistema municipal, no se está tomando en cuenta las demandas ciudadanas de meritocracia y transparencia, y tan sólo se estará siguiendo la inercia del Estado Fragmentado, que se ha venido estudiando con fuerza en esta colección de revistas.[5]
Como un punto transitorio de una nueva Ley de la Función Pública debe acordarse por los grandes poderes una armonización dentro de un período pertinente de todos los servicios civiles existentes, en aras de forjar una nueva costumbre de planificación, legalidad, orden, equidad y mérito en la administración del talento humano del sector público guatemalteco.
Hacia una Visión Integrada de la Modernización del Estado
Como puede notarse, llegados hasta aquí, el enfoque de abordaje de las propuestas que se citan y se comentan, apuntan a una búsqueda del diseño de reformas que se vinculan con instrumentos rectores de la administración pública. El abordaje de las pensiones de jubilados, incrementándolas, por ejemplo, sin un marco general del servicio civil, ni actuarial, no es más que un “chapuz”, de los tantos que se vienen efectuando en el plano de la administración de recursos humanos.
Adicionalmente, el tema de las contrataciones del Estado, es el punto de partida para una más eficiente y eficaz ejecución del gasto público. No se trata tan sólo de leyes nuevas, sino la implantación de nuevos sistemas. En el plano de lo laboral debe insistirse en lo meritocrático, en la evaluación del desempeño, en el imperio de la disciplina, y por sobretodo de la jerarquía que debe prevalecer en la Administración Pública; es decir el ejercicio de la autoridad.
La fórmula de las modernizaciones debe descansar en el principio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF): «centralización normativa con descentralización operativa». Se trata de la redefinición de controles, la presencia de entes reguladores fuertes (incluso respecto a la regulación del mercado) y profesionalizados, buscando que las instituciones públicas cumplan con sus funciones sustantivas, bajo el marco de un proceso de desburocratización, que podría partir de la aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites y los mecanismos del e-Goverment.
La centralización normativa debe buscar un nuevo rediseño, un nuevo rayado de la cancha, revisando abundantes esquemas anarquizantes de las autonomías que se tornaron famosas a partir de los años 70. Sin embargo, su desgaste en gobernabilidad es evidente, comenzando por los escándalos en la propia Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otras no menos importantes.
Una reorganización macroadministrativa del sector público amerita la instauración de órganos disciplinarios y de evaluación de juntas directivas, y un reordenamiento de la planificación del sector público, en donde el Ministerio de Finanzas Públicas, SEGEPLAN y las propias oficinas de la presidencia, vicepresidencia y de los gabinetes de gobierno deben tener una responsabilidad básica.
Las Contrataciones y Adquisiciones: el otro gran tema
Buena parte de los reportes de la prensa investigativa sobre acciones de corrupción vienen de la carencia de una adecuada institucionalidad de las contrataciones del Estado, a pesar de que la misma está conceptualizada dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y que existe una Dirección General de Adquisiciones del Estado en el Ministerio de Finanzas Públicas.
Se han efectuado diversos ejercicios de diseño[6], que deben comenzar con un adecuado esfuerzo de diagnóstico de fraudes y falencias, y que se torna como de alta urgencia en esta etapa de post-pandemia y alta corrupción del giammatteiato[7]. Una premisa que se mantiene para alumbrar tales diagnósticos es la relativa a la falta de controles, falta de moral y ética de alto o bajo funcionariado y la presencia de colusiones entre proveedores y funcionarios. Ello amerita de una nueva institucionalidad, que además de desconcentrar fortalezcan la supervisión y el control.
Es preciso contar con una Dirección General de Adquisiciones, como ente rector, con facultades como las siguientes:
- Certificar a los interesados, funcionarios o empleados públicos responsables de las adquisiciones sujetas a la presente ley, con el objeto de contar con los conocimientos idóneos en la materia.
- Implementar y dinamizar el catálogo de productos o insumos electrónicos para facilitar la delimitación de bienes y coordinar la ejecución del presupuesto por resultados, con su respectivo Plan Anual de Compras (PAC)
- Emitir documentos estandarizados de adquisición y otros que fueran necesarios para facilitar la ejecución de los procedimientos
- Dar certeza jurídica a las adquisiciones, garantizando el debido proceso administrativo en la materia mediante:
- Opinión obligatoria de todos los trámites del sector público en los que se interponga recurso de revocatoria y
- Opinión facultativa como único ente en competencia técnica en caso de duda o controversia en la ejecución de los procesos de adquisición.
En esta línea de trabajo, otra propuesta de ASIES de esos tiempos propone un ente autónomo para fortalecer su aplicación para todo el Estado, con independencia funcional y presupuestaria. Este se encargaría de administrar guatecompras actual.
Cabe agregar que la realidad comparada comprende entes autónomos y no autónomos. En la figura 2 se presenta un diagrama entresacado de la propuesta de ASIES dibuja las principales responsabilidades de esta nueva agencia:
Figura 2
Responsabilidades de la nueva agencia
Nota: Fuente: ASIES, Lineamientos de una propuesta de órgano rector de contrataciones y adquisiciones públicas, 2018.
Además, se modernizan los procesos que, utilizando un anglicismo, se asocian con el «procurement», se amplían los montos de los diferentes procesos, y se tipifican adecuadamente las compras menores, las cotizaciones, las licitaciones y las subastas electrónicas inversas, entre otros por crearse.[8]
Resulta vital, entre otros factores, tipificar y clasificar adquisiciones por tipo de bien, servicio u obra, y los regímenes especiales de adquisición.
Referencias
Castillo, C (2018) Reformar el Estado sigue siendo la tarea pendiente, en Revista Análisis de la
Realidad Nacional, edición 26, octubre/diciembre, Universidad de San Carlos.
IPNUSAC (2018) Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición 26 octubre/diciembre,
Universidad de San Carlos
O´Donnell Guillermo (1993) Estado, Democratización y ciudadanía, en Revista Nueva Sociedad
No128, Noviembre-Diciembre, Venezuela
Sandoval, Mario Antonio (2024) Inminente e inevitable muerte del giammatteiatto, Prensa Libre,
12 de enero
Bibliografía de consulta recomendada al lector
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Guatemala: ASIES.
Balsells, Edgar (2011) Los grupos de presión y el Estado como Arena de Conflicto: Hacia una
sociología del poder local, en Cuadernos de Sociología 9&10, Universidad Pontificia de
Salamanca, Guatemala.
Balsells, Edgar (1 de mayo 2015), La Crisis de SAT y el Rescate de la Política Fiscal
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Balsells, Edgar y Lizandro Acuña (2017) De la calamidad a la inacción: la inversión pública en
tiempos de embate anticorrupción, Revista Análisis de la Realidad Nacional, Número 123, Agosto.
Blundo, Giorgio (20079 hideen Acts, Open Talks. How Anthropology Can “Observe” and
Describe Corruption, en Corruption and the Secret of Law, op. cit. pág 28. Cita de Nye,
J.S (1967) Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, American Political Science Review, pág. 419
Claro de La Maza, J. (2007) “Las Compras y Contrataciones del Estado en Centroamérica y
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Lomnitz, C (2000) Vicios públicos y virtudes privadas: la corrupción en México, México,
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Raventós, C. (2005) Más allá del escándalo: bases políticas e institucionales de la corrupción en
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Stein, E. e. (2006). La Política de las Políticas Públicas Progreso económico y social en América
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Torres-Rivas E y Pilar Cuesta (2007) Notas sobre la Democracia y el Poder Local, PNUD,
Guatemala.
[1] Ver a este respecto: @JulioHectorE. ¿Es viable la aprobación de la reforma a la ley de clases pasivas? 29 de enero. https://x.com/JulioHectorE/status/1752172027169980835?s=20
[2] La modalidad de tales diseños institucionales en esta etapa post pandémica bien merece una evaluación estructurada en virtud que varios de ellos, concebidos como parte de las leyes creadas para hacerle frente al COVID-19, fueron ejecutados de forma en extremo opaca, sin mayor transparencia hacia el gran público, al punto que las autoridades del Crédito Hipotecario Nacional tomaron ventaja de la intermediación llevada a cabo, capitalizando luego dicho banco y diseñando reformas, ya aprobadas por el Congreso de la República, a la vetusta Ley Orgánica del dicho banco, permitiendo figuras que flexibilizan las del fideicomiso para una pronta ejecución de fondos públicos con propósitos especiales. Es recomendable efectuar una revisión de todo este proceso.
[3] Ver a este respecto: IPNUSAC (2019) Agenda Estratégica 2020-2024 una propuesta desde la Universidad de San Carlos de Guatemala.
[4] Se trata de una etiqueta acuñada por Juan Antonio Sandoval, influyente editorialista de Prensa Libre, quien comenta alegóricamente el fin de la presidencia de Alejandro Giammattei, merecedora según el columnista, del dudoso honor de ser la peor de la historia guatemalteca.
[5] Ver por ejemplo a este respecto: Balsells, Edgar (2016) El Estado Fragmentado y sus inspiradores, en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición 16 abril/junio
[6] Se acentúa aquí la participación de este escribiente, junto con el investigador de IPNUSAC, Lizandro Acuña, en una iniciativa formulada durante 18 meses en 2017-2018 liderada por el ex diputado Amilcar Pop, Presidente de la Comisión de Probidad, y que se estará estilizando más adelante en otros artículos.
[7] Con ese mote este escribiente ha venido elaborando artículos de prensa inspirados en la etiqueta por Juan Antonio Sandoval, editorialista de Prensa Libre quien ha venido elaborando interesantes artículos de opinión sobre <<el fin del giammatteiato>>.
[8] La iniciativa que refuerza este capítulo culminó con una asesoría del National Democratic Institute (NDI) vinculada a la actualización de las mejores prácticas del procurement para no tener que acudir a agencias como United Nations for Project Services (UNOPS), pagando onerosas comisiones por el proceso tramitológico de adquisiciones eficientes, acordes con estándares internacionales.
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