Arévalo, Cambio de Época – Cristhians Manolo Castillo

Arévalo, Cambio de Época

Cristhians Manolo Castillo

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El Espacio de Oportunidad de la Transición

Llegar al cambio de gobierno central, legislatura en el Congreso y 340 gobiernos locales en el año 2024 fue el cierre de la más ajetreada elección general que ha vivido Guatemala en el periodo de la apertura democrática.  Además de la intensa elección, el periodo de transición sometió a tensiones y desgastes a la institucionalidad democrática que logró garantizar la alternabilidad en el poder.

La fatiga no solo impactó a los sujetos políticos que participaron de las contiendas; también desgastó a la sociedad que rechazó en las urnas el modelo autocrático del expresidente Alejandro Giammattei, que defendió la democracia en las calles del intento de alterar los resultados electorales y acompañó al Partido Movimiento Semilla, a su binomio y dignatarios electos, en una controversial juramentación legislativa y presidencial que hasta el último momento enfrentó las amenazas veladas de sabotaje al traspaso de poder.

Este artículo es una reflexión a un mes del fracaso absoluto de quienes intentaron ganar las elecciones judicializando contendientes, que luego perdieron en las votaciones, que no pudieron desconocer los resultados, que no les funcionó retrasar las adjudicaciones, que no pudieron suspender al partido Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, que luego fueron derrotados en el balotaje, que no pudieron alterar resultados a pesar de la captura de las actas ni demostraron las supuestas “irregularidades” de la primera vuelta (en la segunda ronda de audiencias de revisión); que no les funcionó criminalizar a miembros de Semilla, que no pudieron quitar el antejuicio al binomio triunfador ni evitar su juramentación y, por si todo esto fuera poco, han quedado al margen de la alianza mayoritaria que, sin mucho éxito, gobierna la estancada décima legislatura. 

A pesar de haber cooptado todo el sistema de pesos y contrapesos republicanos del Estado Guatemalteco, los aliados de Alejandro Giammattei sufrieron todas estas derrotas consecutivas sin que ello represente la ruptura de las estructuras que, durante cuatro años, gobernaron bajo un modelo de gestión pública de control total.  Aún no se ha dado el desenlace de la coyuntura de rotación de élites que se abrió en 2015 y que debiera dotar de un pacto político de estabilidad y gobernanza con alcance de reformas estratégicas al marco constitucional democrático de derecho, acuerdo nacional que sigue pendiente.

No obstante, los recién llegados nuevos inquilinos de casa presidencial, tiene un margen de acción que permite impulsar acciones contundentes que puedan permitirles liderar una transición no solo de gobierno, sino que siente las bases de un proceso de reforma profunda del Estado.

En ese contexto histórico es que se analizan las primeras acciones gubernamentales, tomando en cuenta que se ha agotado el primer mes de 48 que dura el mandato y que no admite, ni ampliación, ni reelección.  Al llegar al Poder Ejecutivo el tiempo empieza a correr en contra de todo lo que se pretende realizar; por ello es tan importante aprovechar al máximo el espacio de oportunidad que abre la transición para que, en conjunto con los sectores estratégicos de país aliados, se promueva la más ambiciosa agenda de transformación institucional que tanto ha demandado la sociedad desde la consigna de calle #ReformasYa (2015) y solo un equipo de trabajo con orientación progresista puede promover en el país.

Hay que reconocer que se han concretado las principales limitaciones que se identificaban previo a la toma de posesión.  El partido de gobierno, un partido joven, sin cuadros, ni equipos de trabajo, ni despliegue territorial, está enfrentando el día a día cediendo espacios a viejas estructuras que ya conocen como opera la maquinaria burocrática y pueden coadyuvar a la integración de equipos de trabajo en un gabinete que igualmente pareciera que ha sido integrado de forma corporativa.  La visión y primeras acciones avanzan en la ruta correcta, pero a un ritmo lento y con poca tracción en la gestión gubernamental y, definitivamente, hay una evidente disparidad entre los resultados de las políticas públicas del Ejecutivo y el caprichoso comportamiento del grupo de diputados que continúan siendo independientes y batallan por constituirse en bloque legislativo oficialista. 

A pesar de tener que asumir en condiciones muy adversas y sobre todo, tener que administrar un aparato gubernamental que entretejió alianzas perversas entre diversos sectores señalados de pertenecer estructuras vinculadas con presuntas tramas de corrupción, primero para lograr una sinergia capaz de evitar la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y luego para aprovechar la bonanza de recursos públicos debido a la emergencia sanitaria por Covid-19; las primeras acciones de relevo de personajes controversiales en la administración pública identificados como adláteres de las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, muestran la voluntad de enfrentar a estos monstruos de mil cabezas que han instaurado una dictadura de sistema.

No es poca cosa desestructurar redes clientelares de cooptación y secuestro de la institucionalidad pública.  No se logra de tajo, ni será una tarea inmediata con resultados maximalistas pero los primeros pasos se perciben firmes.

Un Nuevo Gabinete que Parece de Ensueño

Como en una orquesta sinfónica, el binomio juega el papel de dirección, de espectáculo, pasión y visión en la conducción.  Pero son los ministros los que tocan los instrumentos y mueven la maquinaria burocrática que debe producir resultados de políticas públicas y en general de la mecánica institucional.  Haya o no presidente, el ejecutivo se sigue moviendo y produce lo que coloquialmente se identifica como “talacha”.  Es en lo operativo donde se generan los abultados resultados y las estadísticas poco creíbles -a veces-, que los funcionarios pomposamente comunican como logros de su gestión y llenan las memorias de labores que solo sirven para empolvarse en anaqueles.

Eso provoca que durante las coberturas de campaña electoral o en los periodos de transición, tanto se insiste en escudriñar quienes estarán al frente de los 14 ministerios y algunas secretarías que tienen operatividad suficiente en sí mismas, pues ahí es donde están los puestos de trabajo a distribuir, los grandes negocios con el Estado, las principales asignaciones presupuestarias y la posibilidad real de concretar privilegios para la actividad económica.  El gabinete es un espacio más de reparto corporativo de poder en el Estado Guatemalteco.

Cabe una precisión conceptual de lo que entendemos por corporativismo de Estado.   Para Jorge Mario Audelo Cruz (2005) «es el corporativismo visto como una manera específica de intermediación de intereses, teniendo como telón de fondo, a la democracia y las relaciones entre sociedad civil y el Estado» ya en periodo de gobierno, es en donde se da «la existencia de monopolios de representación, la manera en que los grupos de interés influyen en la formación de políticas públicas, los acuerdos entre actores políticos relevantes (partidos políticos, organizaciones públicas y privadas, el Estado y sus instituciones, etcétera)» con lo cual se termina gobernando el Estado de manera corporativa.  Audelo Cruz, cita la definición clásica de Shimitter sobre el corporativismo: 

«Sistema de representación de intereses en el cual, las partes constitutivas están organizadas dentro de un número limitado de categorías singulares, obligatorias, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado, a las que les concede un deliberado monopolio de representación, dentro de sus respectivas categorías, a cambio de seguir ciertos controles en su selección de líderes y articulación de demandas y apoyos.»

Igualmente rescata a Lijphart: «El corporativismo es considerado como la incorporación institucional de los grupos de interés al proceso de formulación de políticas públicas (concertación).»

Para fundamentar el análisis del caso guatemalteco aquí planteado, se afirma que durante el periodo administrativo de las autoridades electas, el país no se gobierna mediante acuerdos entre partidos políticos con planteamientos programáticos definidos -no existen partidos políticos institucionalizados-, por lo tanto se gobierna generando consensos entre actores estratégicos de país, a quienes la legislación o los acuerdos previos les entregan cuotas de poder institucional para la defensa y protección de sus intereses, dando como resultado una gobernabilidad pactada entre autoridades electas y grupos de presión con capacidad de incidencia en las políticas públicas, la legislación y más recientemente el control territorial.

Con base en ello, se analiza la integración del gabinete del presidente Arévalo de León que guarda un paralelismo con el que gobernó Jimmy Morales en los primeros meses de su gestión.  Ambos presidentes débiles en cuanto a su capacidad de articulación política de grupos de presión; ganaron su respectiva primera campaña presidencial y pertenecieron a partidos sin trayectoria capaces de poner en cargos de gobierno a cuadros orgánicos.  Al igual que el primer gabinete de Morales, la integración del actual gabinete se puede analizar en tres facciones que responden a una clasificación metodológica propuesta por el autor, sin que se haya utilizado los vínculos y trayectoria de los ministros con ciertos sectores, sino por una clasificación respecto de las prioridades de políticas públicas nacionales e internacionales.

La Gente de Confianza del Presidente

En esta categoría se agrupan técnicos con amplia trayectoria profesional que pertenecen al grupo fundador del partido Movimiento Semilla o han sido militantes.  El diputado Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig (Finanzas Públicas) hombre del partido y un comprometido con la estrategia internacional de combate a la corrupción y la impunidad, compañero de binomio de la exfiscal Thelma Aldana que al final no fue inscrito para competir.  Anabella María Giracca Méndez de Castellanos (Educación) del grupo fundador.  Abelardo Pinto Moscoso (Desarrollo Social) integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Semilla.  Carlos Ramiro Martínez Alvarado (Relaciones Exteriores) compañeros en la carrera diplomática.  Oscar Arnoldo Cordón Cruz (Salud) tecnócrata internacional miembro del equipo de transición.  Maynor Estuardo Estrada Rosales (Agricultura Ganadería y Alimentación) de las bases del partido.  Estos funcionarios integran una facción leal al presidente.

El gabinete económico

El sector empresarial organizado ha cogobernado con los últimos 5 gobiernos (incluido el de transición de Alejandro Maldonado Aguirre).  Es a partir del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuando la presencia de actores orgánicos al sector empresarial, ocupan cargos ministeriales de importancia dedicados a resguardar los intereses empresariales desde aquel gobierno que se presumía de social demócrata.  La estrategia tiene sentido, pues desde las políticas públicas se pueden conceder privilegios, amnistías, exoneraciones, prórrogas y demás incentivos púbicos que le permiten al empresariado nacional tener ventajas competitivas.  La presencia de este actor estratégico de país sobresale debido a que nuevamente puede haber diferencias ideológicas significativas con el oficialismo que se presume de centro izquierda.  No obstante, los nombramientos desentonan del grupo anterior.

En esta facción se ubican: Diana Jazmín de la Vega Espinoza de Furlán (Comunicaciones Infraestructura y Vivienda), Gabriela Pacheco García de Quinn (Economía).  La cuota incluía Energía y Minas con la designación de Shanti Anayté Guardado Hernández quien, a días de haber sido presentado el gabinete, declinó debido a fuertes señalamientos por sus críticas a líderes comunitarios que luchan por los recursos naturales.  Sin embargo, el sector empresarial se recetó su cupo ministerial a la medida, el viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA.

Finalmente, la igual que con el gabinete de Morales, se presumía que por lo menos 5 ministros de la época (Salud, Gobernación, Relaciones Exteriores, Finanzas y Trabajo) gozaban de una buena relación con la embajada de Estados Unidos en el País.  En el actual gabinete, nuevamente se podría presumir que Gobernación, Trabajo y el Ministerio de la Defensa, serían áreas en las que hay especial interés de cooperación bilateral entre ambos países.  No solo por los designados a esas carteras (más allá de los ministros) sino por los apoyos (en equipo y financiamiento) que ya han sido entregados; así como la depuración de empleados que presuntamente negociaban con las visas laborales temporales que se otorgan para viajar a Estados Unidos (Pérez y Sánchez, 2024) en la cartera de Trabajo.  Cabe anticipar que los resultados más tangibles de la gestión Arévalo se contabilizan en temas de seguridad y recuperación del control fronterizo.

Por último, tres carteras en manos de técnicos que pueden haber llegado por incidencia de sectores de sociedad civil, academia u organizaciones internacionales especializadas:   Liwy del Carmen Immacolata Grazioso Sierra (Cultura y Deportes) académica de carrera;  Víctor Hugo Ventura Ruiz (Energía y Minas) “llega a la cartera del MEM bajo fuertes presiones desde los territorios donde se implementan proyectos mineros e hidroeléctricos que impactan y violan derechos de comunidades y Pueblos Indígenas, afectan territorios y riquezas naturales” (Solano, 2024).  María José Iturbide Flores de Chang (Ambiente y recursos naturales).  En los tres casos no pareciera que hay trayectoria política o sectorial muy clara, pero por su recorrido pueden sumar al gabinete que, al igual que ese de los primeros meses de Morales, es el equipo de ensueño para algunos.

Una aproximación a los énfasis de la política gubernamental arevalista

La familia Arévalo vuelve al poder.  79 años después de que Juan José Arévalo Bermejo asumiera la presidencia un 15 de marzo de 1945 (Montenegro, 2021), su hijo César Bernardo Arévalo de León, llega al poder en un claro proceso de debilitamiento político luego de defender su triunfo electoral durante los meses previos a su juramentación al cargo.  Desde la integración de su gabinete, pasando por la defensa del partido que lo postuló, hasta el ritmo en el que ha ido relevando los cuadros políticos, administrativos y operativos de la administración anterior que aún siguen en la función pública por no contar con militantes que les reemplacen ipso facto.  La posibilidad de que esta familia siga marcando la historia política del país, ahora estará determinada por la capacidad del presidente de cerrar la coyuntura y pasar al momento refundacional que continué el legado de su padre y salvaguarde el buen nombre familiar y la tradición de buen gobierno.

Arévalo Bermejo asumió el poder en la etapa posterior a la resolución de la coyuntura que puso fin a la dictadura de Jorge Ubico.  La energía social no solo rompió con la autocracia sino alcanzó para respaldar un ciclo de transformaciones estructurales entre las que destacan las educativas (escuelas tipo federación, comité nacional de alfabetización y la dignificación docente), la dignificación laboral con el código del trabajo, la creación del Seguro Social y la modernización político-ideológica mediante el “«Socialismo Espiritualista», el cual significaba una auténtica innovación filosófica para una Latinoamérica que se debatía entre el conservatismo, el liberalismo y el marxismo. Ese socialismo no se ceñía a la distribución de bienes materiales, la explotación de los recursos nacionales, ni al mejoramiento en general del nivel de vida. Más que eso, implicaba la liberación psicológica y moral, y la dignificación de cada hombre en la sociedad” (Mejía, 2023) lo cual permitió colocar las bases de un capitalismo moderno en el país, proyecto que se truncó con la contrarrevolución de 1954.    

Escenario comparable con el que asume su hijo, que gana la presidencia acuerpado de una energía social que rechaza el autoritarismo de Giammattei.  Pero la derrota electoral de la entente conservadora del Giammatteiato (Sandoval, 2024), no conllevó el desenlace de la coyuntura de rotación de élites, sino un nuevo estadio en la desestructuración del modelo criminal de Estado que inició en el 2015 y que aún no encuentra la ruta para un nuevo pacto estratégico de cierre de la inestabilidad política.

Lo que se puede identificar en las primeras acciones de gobierno es que haber dedicado gran parte del esfuerzo político en defender el resultado electoral y evitar que los intentos de ruptura institucional truncaran la alternancia democrática durante los 5 meses de transición, evidentemente distrajo al binomio presidencial de articular equipos de trabajo que viabilizaran resultados rápidos en un tiempo corto al frente de las instituciones.  Por otro lado, los esfuerzos por salvar al partido Movimiento Semilla no fueron el principal objetivo de múltiples sectores sociales que, en octubre de 2023, salieron a ocupar el espacio público para defender la democracia.  Un activo de la sociedad guatemalteca que rechaza las prácticas oscurantistas del periodo de conflicto armado y los gobiernos autócratas de la apertura democrática.  Queda claro que el partido no era un tema de interés nacional, como algunos simpatizantes pretendieron hacerlo parecer. Justificando que las movilizaciones de calle en rechazo de los atropellos del MP al investigar presuntos delitos electorales, como el secuestro de actas y la ruptura de la cadena de resguardo de materiales electorales, también buscaban suspender las averiguaciones en contra del partido Semilla y el binomio ganador.

La personalización de la tensión entre Arévalo de León y Consuelo Porras, por la persecución de miembros del partido y el intento de retiro de su inmunidad por las investigaciones referidas, se extendió hasta las primeras semanas del nuevo gobierno debido a declaraciones del presidente respecto de sus intenciones de pedir la renuncia de la fiscal general, quien cuenta con el respaldo legal para el plazo de su nombramiento.

No contar con la capacidad de renovación de cuadros de confianza y mandos medios (hasta gobernadores) evita que pueda endosar la culpa de los lentos avances a las condiciones en que se asumió el mando, debido a la cooptación institucional que perpetró el anterior gobierno y, aún parece tener el control de las estructuras operativas en los ministerios.

Por estas condicionantes no se puede entrar a evaluar el desempeño del nuevo gobierno a un mes de haber asumido el cargo.  En ese sentido, se propone hacer una aproximación a los principales aciertos y desaciertos en las decisiones gubernamentales que han trascendido.

Hay que tomar en cuenta que derivado de las expectativas, la opinión pública, los centros de pensamiento y en general de la sociedad civil organizada, son los sectores que albergan las mayores exigencias de un intenso ritmo de cambio; toda vez que sigue afincada en la cultura política la aspiración mesiánica que vota por opciones que ofrecen transformación de país a partir de golpes de magia.  Las cuales, en campaña suenan bien, pero en el ejercicio del poder son inviables.  Estas expectativas de cambio son altas y por eso se espera una gestión con un ritmo más intenso, principalmente, en la develación de casos de corrupción que sienten precedente nuevamente en la gestión gubernamental. 

Pasos hacia adelante y resbalones innecesarios

La ansiedad por el estancamiento social provocado por tres nefastos gobiernos consecutivos (Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei) hace que al gobierno progresista se le exijan enmiendas de golpe, luego de un agresivo proceso de captura institucional del Estado, de la penetración del crimen organizado a todo nivel y de la recomposición de las redes político-económicas ilícitas que siguen expoliando el erario nacional. 

A 30 días, diversos sectores han pretendido pasar la tabla rasa y se levantó en el país un debate en torno al corte de caja de lo gestionado por la administración Arévalo, por lo que a continuación se rescatan algunos de los activos que pueden acompañar el periodo de gobierno y aquellos temas que requieren un golpe de timón para evitar empantanar las capacidades ejecutivas de los operadores de las políticas públicas.

Es importante destacar que la orientación discursiva y las narrativas contenidas en el plan de gobierno 2024-2028 y las diversas participaciones públicas del presidente, manifiestan una ruta de acción deseable y difícilmente criticable desde posturas académicas.  No obstante, aún son elaboraciones ideales que deberán ser respaldadas por acuerdos políticos entre diversos sectores estratégicos para coadyuvar a una efectiva implementación de las aspiraciones gubernamentales.

Articulación de la gestión territorial y el gobierno central

De los primeros aciertos en los inicios del nuevo gobierno esta continuar y profundizar de manera virtuosa (no como lo instrumentalizó el Giammatteiato) la relación entre los gobiernos municipales, el nivel regional del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, la institucionalidad municipalista y el gobierno central.  En ese sentido, promover una alianza que obtuvo la victoria en las votaciones para presidir la Asociación Nacional de Municipalidades y los acercamientos con alcaldes puede ser la fórmula para articular en los territorios las múltiples políticas sectoriales que coadyuven con las gestiones municipales en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  Ello además permitiría la complementariedad en la inversión pública realizada desde el nivel central, con proyectos financiados por el sistema de consejos de desarrollo y eventualmente alianzas público-privadas y cooperación internacional que fluyan sinérgicamente evitando la dispersión que hace inútiles los proyectos bajo intereses politiqueros.

Continuar en la ruta de fortalecimiento de gestión tributaria

Luego de los resultados en la recaudación postpandemia, que han demostrado que la estructura tributaria puede cumplir con la meta de los acuerdos de paz de más del 12% para financiar la inversión social y la modernización del Estado, fue una jugada maestra haber mantenido en el cargo al Super Intendente de la Administración Tributaria que ha sobrepasado las metas, facilitando el pago de los tributos y ampliando efectivamente la base tributaria y el combate a la evasión y la elución fiscal.

Difícilmente podrán encontrar excusas los grandes tributarios para revertir los avances en materia fiscal, con lo cual, se evita que por la vía de los ingresos del Estado se intente debilitar la gestión de Arévalo que ahora debe garantizar una ejecución de los recursos ágil y transparente.

Golpes de efecto puntuales

Evidentemente, aunque hay un desempeño sumamente diferenciado en los 14 ministros, hay acciones que han respondido directamente a las expectativas del gran público guatemalteco y que van en la línea de romper con la dictadura de sistema y los opacos negocios con el Estado.  Entre las que hay que destacar: la declaratoria de moratoria de proyectos mineros, que implica la revisión de lo actuado con relación a licencias caso por caso (Bolaños, 2024); este tema ha sido causa de conflictividad socioambiental y responde a la visión de poder consensuar un gran pacto ambiental por el país que atienda las demandas, no solo de las empresas extractivo-comerciales, sino además respete a los pueblos originarios y las poblaciones que habitan los territorios explotados.

La revisión de contratos de obra gris también ha generado reacciones favorables a una cartera controversial.  En el ministerio de comunicaciones la supervisión de los trabajos de mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla previo a su recepción y la develación del negocio de desmantelamiento de garitas que intervino en un proyecto aún no concluido (Gutiérrez, 2024), responde a la demanda de la población de romper con las tramas de corrupción en los grandes negocios con el Estado.

La destitución de aproximadamente 878 trabajadores del estado que ocupaban presuntamente plazas “fantasma” y estaban asociadas a vínculos políticos y corrupción (Juárez, 2024).  Este tipo de anuncios es lo que más responde a la oferta de campaña de combatir frontalmente el mal uso de los recursos públicos, pese a que, en el discurso de toma de posesión solo hubo dos menciones tangenciales a tan importante problemática de la gestión pública.  En esta misma línea destituciones de personajes controversiales también generaron regocijo en el gran público.  Entre ellas, la de Francis Argueta de Aeronáutica Civil y Alejandra Carrillo en el Instituto de la Víctima; ambos actores políticos transversales a varios gobierno y legislaturas que han recibido acusaciones y denuncias.

 La suspensión del negocio del seguro médico escolar, el remozamiento de escuelas y el anuncio de una negociación transparente del pacto colectivo con el sindicato mayoritario de maestros, son resultados significativos en Educación.

Finalmente, la gestión más exitosa del gabinete ha sido todo lo actuado en materia de seguridad.  Es en esta cartera en donde el apoyo de la Embajada de Estados Unidos se ha hecho tangible orientando no solo la seguridad transfronteriza, sino además equipando unidades especializadas en materia de seguridad ciudadana.  Haber priorizado el combate a las extorsiones y tener resultados en materia desarticulación de estructuras, alrededor de una centena de capturas, 9 requisas en cárceles en donde se perpetra el ilícito, la creación de un Grupo Especial contra la Extorsión (GECE) ha sido una victoria rápida.  Retomar la reforma policial con una visión de fortalecimiento institucional y la transformación del quinto viceministerio especializado en seguridad transfronteriza, dedicado al combate del narcotráfico, la defraudación aduanera, el contrabando, la trata y en general la recuperación del control de las fronteras, sugiere que la cooperación transnacional para enfrentar estas amenazas a la seguridad nacional norteamericana, son asumidas por la nueva administración, con lo que se pretende disuadir al crimen transnacional.

La gran expectativa respecto del resto de gabinete es que las auditorias forenses que se anunciaron, así como la depuración del personal y la revisión de contratos en el corto plazo, permitan a la población conocer el destino de un importante porcentaje del presupuesto general que se desperdicia en corrupción.

En cuanto a los resbalones que han generado desgastes innecesarios, se puede resaltar el lanzamiento de un supuesto “acuerdo agrario nacional” que, aunque aborda una problemática estructural del país, suscribirlo únicamente con cuatro organizaciones campesinas, lejos de abonar a la solución de las causas de la estructura agraria conflictiva, levantó alertas en sectores que podrían ver afectados sus intereses.

El intento de democratizar la designación de gobernadores, está retrasando la operatividad del sistema de consejos de desarrollo, que no tendrá un desempeño ágil en la ejecución de proyectos este año mientras no se tenga en firme a los 22 representantes del presidente en los departamentos articulando, no solo la inversión pública territorial, sino promoviendo la coordinación de las políticas sectoriales en lo local.

Por último, cabe señalar que hay una evidente diferencia en efectividad entre el Ejecutivo y el Legislativo.  El grupo de diputados electos por el Partido Movimiento Semilla, que han fracasado en todos sus intentos por integrarse como bancada parlamentaria, ha llevado a una volatilidad en los acuerdos de la alianza que nombró a las dos juntas directivas y consecuentemente ha ralentizado la producción parlamentaria. 

Avanzar hacia la visión estratégica de reforma profunda del Estado

La operatividad tiende a absorber a las autoridades estatales en el día a día, por lo que en el ejercicio del poder público se pierde de vista el legado que es la transformación de las condiciones de subdesarrollo del país.  Es por ello que, en este apartado, se hace un repaso de la propuesta de la Agenda Estratégica 2020-24 (en el eje de Estado y Democracia) que la USAC lanzó a debate en su momento y que sigue vigente debido a que el gobierno de Giammattei no abordó ninguno de los ejes de la agenda mínima de país que se ha venido consensuando a lo largo de la crisis político-institucional iniciada en 2015.  Este podría ser el gran pacto de resolución de la coyuntura y la hoja de ruta para conducción estratégica de país, si el actual gobierno asume el reto de avanzar en la ejecución de los ejes planteados.

Queda claro que la reforma política es el primer pilar de la nueva época en la institucionalidad estatal.  Hay acuerdo generalizado que es fundamental una reforma integral de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para detener el franco deterioro del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el sistema electoral que han sido objeto de ataques y pérdida de credibilidad en las últimas tres elecciones.  Aunque este no es un tema del Organismo Ejecutivo, la debilidad en la que se encuentra la actual magistratura de TSE, obliga a que un liderazgo con credibilidad convoque a un debate, al más alto nivel, para orientar los consensos en esta materia.  Luego de la aprobación del decreto legislativo 26-2016 que reformó la LEPP, Jimmy Morales convocó a una mesa de trabajo para integrar lo que denominó “las reformas de segunda generación”, lo cual se constituye en el antecedente que habilita al presidente Arévalo a asumir una eventual convocatoria interinstitucional que incluya al TSE, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y a la sociedad civil especializada, en busca de integrar un esfuerzo serio que dé como resultado la propuesta a ser debatida en el proceso legislativo correspondiente.  Aunque la metodología sea confluyente con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, no debe necesariamente estar sujeta a las prisas de tener que presentar una iniciativa de ley antes que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura, que en el segundo semestre del 2024 estará principalmente ocupada en la elección de las nuevas autoridades del Organismo Judicial.

Un segundo eje tiene que ver con la reforma y modernización del modelo de gestión pública, los retos son igualmente impostergables.  El segundo pilar de la nueva época política es contar con un régimen ejecutivo efectivo para atender las demandas y necesidades de la población guatemalteca.  Ello requiere que la burocracia se depure para despojarse del lastre de la politización, el nepotismo, los compadrazgos y el clientelismo que han hecho del Estado un ente obeso.

El plan de gobierno 2024-28 contempla “fortalecer el servicio civil sobre una base meritocrática”, lo cual complementa la dura tarea de realizar despidos y destituciones de aquellos empleados públicos que han llegado a los puestos de forma irregular. 

En este mismo eje, la legislación de una ley especializada de compras y contrataciones del Estado es el otro gran hito en el que hay amplio consenso.  No obstante, las reformas del 2016 que buscaron la transparencia en el sistema de compras, rigidizaron al punto de entorpecer la capacidad de ejecución presupuestaria del gobierno del expresidente Morales.  Bajo los estados de excepción por pandemia, la gestión de Giammattei se saltó todos los controles y a la fecha aún no se conoce el destino de los montos multimillonarios de recursos asignados para enfrentar la pandemia.  Cumplir con la oferta de combate frontal a la corrupción del presidente Arévalo requerirá de un marco normativo moderno para facilitar las adquisiciones públicas bajo estándares internacionales de transparencia y probidad.

El complemento institucional para la transparencia es una Contraloría General de Cuentas a la altura del momento histórico.  Esto requiere que se modernice su ley orgánica para permitirle la prevención de la corrupción y no solo la fiscalización ex post de hechos que, en definitiva, se constituyen en el incentivo perverso de un sistema de ingresos privativos, basado en hallazgos y multas que siguen teniendo un manejo discrecional en la medida en que la institución puede instrumentalizarla para intereses políticos espurios, o bien desviar la atención de unidades ejecutoras afines que gozan de impunidad.

La renovación del régimen de gobierno territorial y municipal es congruente con la visión de promover un desarrollo integral en lo local.  Impulsada como proyecto político electoral y que puede dar resultados consistentes ya en el ejercicio de los cargos.  Esto pasa por la actualización de las leyes del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano Integral, la Ley Preliminar de Regionalización, la de Descentralización y el Código Municipal para lograr una correcta articulación interinstitucional de todos los niveles de gobierno.

Para que el gobierno del presidente Arévalo sea consecuente con el respaldo a la democracia que dieron los pueblos originarios, a pesar de su famélica inclusión en el gabinete, una forma de atender oportunamente la lucha por el reconocimiento y atención a la multiculturalidad y multietnicidad del país, por parte del Estado monocultural, es promover la legislación de las comunidades indígenas contenida en el artículo 70 de la Constitución.  Liderar este esfuerzo sería el legado más consistente de una gestión gubernamental comprometida con los pueblos del país.  Aunque la concreción de la agenda legislativa aquí planteada es una responsabilidad exclusiva del Congreso de la República, el liderazgo del presidente en la concertación de un pacto nacional que viabilice y oriente al Estado en esta vía es parte de su mandato de representar la unidad nacional.

El último punto del eje de estado y democracia de la agenda estratégica 2020-24 de la USAC hace énfasis en la sostenibilidad fiscal del Estado para orientar la recaudación y el gasto público hacia las prioridades de país.  Un plan de gobierno sin recursos es utopía, por lo que consensuar un pacto por una sana fiscalidad es fundamental para evitar boicots financieros al gobierno y el consecuente abandono de la inversión social que por décadas ha sumido a amplios sectores de la población en una sostenida depauperación por la falta de oportunidades, de Estado y de mercado.

Este debe ser otro de los pilares de la agenda mínima de país para superar el movimiento pendular ideologizado del relevo de autoridades gubernamentales.  Sin pacto político no saldremos de la inestabilidad que por el momento se ralentizó debido a que aún hay fatiga, después de los intentos de entorpecer la transición de mando y el periodo de los 100 días en el que se otorga el beneficio de la duda.

Liderar el pacto de gobernanza y gobernabilidad

Pretender responsabilizar al nuevo gobierno del rumbo del país es soslayar el compromiso que los actores estratégicos tiene en la conducción de este Estado corporativo.  Hay que reconocer que el presidente es una autoridad electa débil, que llega a la primera magistratura a golpe de hartazgo, en su primer intento por ganar la presidencia.  No es un accidente político como fue el mandato de Jimmy Morales, es la apuesta del electorado por concretar la depuración de la clase política tradicional.   Pero pactar para cerrar la coyuntura de rotación de élites no es solo tarea de esta presidencia, debe ser la concertación de quienes gozan de una cuota de control político-institucional en pro de intereses de grupos privilegiados.

El legado de Bernardo Arévalo de León se registrará en la historia si logra ser el artífice del pacto político que abra un nuevo periodo de gobernabilidad, al estilo del de 1985 y los acuerdos de paz.  Ese es el tamaño del reto, pero la ventaja es que hay camino recorrido en torno a los ejes de transformación institucional.

La transición sigue siendo compleja y hasta que no haya un pacto político que priorice la agenda pública, las reformas legislativas, la formación de las autoridades entrantes, la generación de herramientas para la gestión pública ágil, la independencia judicial y la generación permanentemente de conocimiento del y para el Estado; se continuará buscando responsables del rezago del que un día fuera el centro de poder de la región, hoy en día empantanado en luchas intestinas ideologizadas que solo sirven para mantener las agendas de odio de quienes desde los extremos se dedican a destruir y nunca a edificar.  Que todos se levanten y que nadie se quede atrás, es el momento de avanzar.

Referencias

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Mejía Dávila, Marco Vinicio. 2022. El magisterio de Juan José Arévalo.  Primera Edición

Digital, ISBN número 978-9929-662-04-9.  Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (IPNUSAC).

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Audelo Cruz, Jorge Mario. 2005.  Sobre el concepto de corporativismo: una revisión en el

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